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Zoila Martínez pide se inicie elección de nuevo Defensor del Pueblo

La titular del Defensor del Pueblo, Zoila Martínez, dijo este jueves que ha solicitado en dos ocasiones al Congreso Nacional que sea iniciado el proceso para elegir a un nuevo incúmbete para el órgano constitucional, porque su gestión termina este mes.

‘’He solicitado en dos ocasiones mediante comunicación al Congreso Nacional que sea iniciado el proceso de escogencia de un nuevo Defensor del Pueblo, la primera el 25 de marzo y otra el 25 de abril del presente año, dirigida a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados”, dijo Martínez.

La funcionaria reveló que no volverá a presentarse para un nuevo periodo de seis años.

Las declaraciones de Martínez son motivadas por el llamado que hizo esta semana el senador por Pedernales, Dionis Sánchez, de que había vencido el plazo para la escogencia de un nuevo titular del Defensor del Pueblo.

Según explicó el legislador, el artículo 192 de la Constitución indica que la Cámara de Diputados debe presentar las ternas ante el Senado, pero que el plazo está a punto de vencer y aún no lo ha hecho.

Dijo que en el caso de que la Cámara de Diputado no presenta las ternas, entonces debe hacerlo la Suprema Corte de Justicia.

Un comunicado de prensa del Defensor del Pueblo resalta que la institución cumplía el pasado 15 de mayo seis años de servicio. Durante este periodo había atendido un total de 5,095 reclamaciones y quejas sobre vulneración de los derechos fundamentales presentadas por los ciudadanos contra entidades públicas y privadas.

Sobre la elección
En mayo del 2013, el Senado de la República designó a Zoila Martínez Guante, como defensora del pueblo, y como defensoras adjuntas a las abogadas María Ramos y María Batista, por un período de seis años.

Además, fueron nombrados los abogados Carlos Hernández Cabrera y Ruddy Nelson Frías, como primero y segundo suplente, respectivamente.

El Defensor del Pueblo fue creado mediante la Ley 19-01, del primero de febrero del 2001, y luego adquirió rango constitucional en el 2010, al ser incorporada en la Carta Magna aprobada ese año.

Su objetivo es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos plasmadas en la Constitución en caso de que serán vulneradas por funcionarios públicos.

Fuente: Diario Libre

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