Opinión

Pensión alimenticia y paternidad responsable en tiempo de Covid-19

Por John Garrido

La Procuraduría General de La República debería habilitar fiscalía para atender los casos de pensión alimenticia.

La pensión alimenticia es un pago periódico que debe realizar el progenitor que no posee la custodia para colaborar en la crianza del hijo. Si este muere es obligación de los padres, familiares y en su defecto el Estado.

La Procuraduría General de La República en atención a la situación de emergencia y a los efectos de la situación laboral por la merma en los ingresos de dinero de las personas sería factible establecer una línea de auxilio para atender aquellas inquietudes sobre la obligación de la pensión alimenticia.

La madres solteras y con sus hijos solamente, en esta crisis se puede ver agudizada por irresponsabilidad del padre.

La pensión alimenticia requiere de una fiscalización y supervisión estatal por su carácter de orden público que tiene el derecho alimentario y los alimentos para los menores.

Si la pensión alimenticia la debe suministrar un adolescente y este no puede cumplirla, los padres son responsables de suministrarlas.

La pensión alimenticia se debe cumplir aunque el padre invoque que no tiene recursos. Se presume, que si no tiene recursos, recibe entonces al menos el salario mínimo estatal.

El incumplimiento de la pensión alimenticia conlleva cárcel y embargos de bienes.

La jurisprudencia comparada establece que si el padre carece de recurso este debe redoblar el esfuerzo de buscar los recursos para cumplir con el derecho alimentario. De igual forma, la doctrina mayoritaria expresa que deshacerse de la obligación de alimentar  a los hijos no resulta tan fácil.

Todas estas cuestiones en estos momentos de crisis sanitaria por efecto del covid-19 requieren de respuestas rápida y eficaz por parte del Estado para la madre divorciada y con hijos.

La protección de la familia y de manera especial el interés superior del niño es un mandato constitucional que implica y obliga al Estado a dar asistencia oficial y directa en caso desamparo según lo dispone los artículos 39, 55, 56 y 57 de la carta magna.

En estos momentos son numerosas las solicitudes de madres que buscan orientaciones y atención para hacer cumplir el derecho alimentario y el Estado a través de la procuraduría es el organismo competente para resolverlo.

 

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