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Participación Ciudadana expresa profunda preocupación por «violaciones» a la ley en concurso para fiscales

Participación Ciudadana expresó su profunda preocupación frente al procedimiento que ha iniciado la Procuraduría General de la República y que ha sido denunciado por diversos sectores como una maniobra tendente a sacar de la magistratura, de manera precipitada y violatoria de las leyes, a varios fiscales reconocidos por su buen desempeño, para sustituirlos por personas allegadas al responsable del Ministerio Público y a los intereses partidarios del partido de turno.

“El artículo 41 de la Ley 133-11 establece que la posición de Procurador Fiscal Titular será elegida por un período de cuatro años y “su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo previa evaluación de desempeño”. El Procurador, con más de dos años en el puesto no cumplió con esta disposición y ahora, de forma apresurada, llama a un concurso limitado al mismo cargo, incluyendo a fiscales que ya les queda menos de dos años para cumplir el tiempo máximo permitido”, destacó la organización en una nota de prensa.

A su juicio en el concurso hay varias violaciones que no pueden pasarse por alto. La primera es la omisión de las evaluaciones que establece la Ley; la segunda corresponde a la imposición precipitada de un procedimiento que no les corresponde a quienes ocupan los puestos; y la tercera concierne al impedimento de presentarse para puestos de rango superior.

“No queremos incurrir en especulaciones sobre las razones que se esconden detrás de estas violaciones a la Ley. Independientemente de las mismas, las autoridades judiciales están obligadas a cumplir y dar ejemplo de transparencia y justicia, dos cualidades que no están presentes en este proceso”, resaltó.

Al mismo tiempo Participación Ciudadana hizo un llamado al procurador Jean Alain Rodríguez para que corrija las “violaciones y falta de transparencia y equidad en este proceso”.

Además, la organización dijo que debido a que la opinión pública ya ha levantado su voz de alerta en este caso, el Gobierno dominicano y su Procurador General están en el deber de despejar las sospechas de que se trata de una maniobra más para blindar a funcionarios corruptos y frustrar una vez más las aspiraciones de tener un sistema de justicia imparcial que ponga fin a la desgracia de la impunidad que tanto daño ha hecho a este pueblo.

Fuente: Hoy

Por: Xiomara Lara

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