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Los auditores de la Contraloría General se saltaron las normas en la OMSA

La Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República sirvió de poco en la gestión de Manuel Rivas al frente de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), que tuvo lugar entre agosto del 2012 y octubre del 2017.

De acuerdo con el informe tras la auditoría especial practicada por la Cámara de Cuentas a dicho período de gestión, los auditores de la Contraloría General verificaron y aprobaron pagos por la adquisición de bienes y servicios por un monto de 3,438 millones de pesos.

La Cámara de Cuentas determinó que dichos desembolsos presentan “desviaciones a las normativas” de la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas.

El organismo auditor externo del Estado asegura que el monto de las desviaciones a las normativas aplicables, respecto de los requisitos para los libramientos de pagos, ascendió a 2,654 millones de pesos.

En esas condiciones se hicieron pagos por un monto global de 2,361 millones sin que se llevara a cabo el proceso de “selección” consignado en la ley.

En otros casos se dispuso el pago, aprobado por los auditores de la Contraloría General, de 57.7 millones de pesos en compras de urgencias; 53.5 millones en contratos sin establecer el 20% de avance y 31.9 millones para adquisiciones con proveedores vinculados a la misma OMSA.

También, con la aprobación de los técnicos de la Contraloría, se pagaron 6.8 millones de pesos habiendo “duplicidad en el objeto de reparación de autobuses en talleres externos”, 3.2 millones habiendo “duplicidad en reparaciones y/o mantenimientos de equipos de transporte”, y 124.6 millones en “contratos declarados de urgencia sin evidencia de la rendición de informe a los organismos correspondientes.

La Cámara de Cuentas considera que son evidentes las debilidades en el ejercicio de las actividades de control, en razón de que, la documentación que conforma los expedientes relativos a desembolsos por concepto de pagos por la adquisición de bienes y servicios realizados por la OMSA en el período investigado, fueron verificados y aprobados por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.

El informe añade que la actuación de las Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República “no observaron como corresponde las disposiciones legales y reglamentarias de orden público y de carácter obligatorio, que debieron ser ponderadas al momento de la verificación y aprobación de los desembolsos realizados por la OMSA”.

La auditoría especial en la OMSA se hizo a solicitud de la Procuraduría General, que investiga supuestos actos de corrupción denunciados en principio por el abogado Yúniol Ramírez, quien fuera asesinato en octubre del 2017.

Fuente: 7días

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