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Defensora del Pueblo: «He dejado la piel en el camino»

Santo Domingo.- Zoila Martínez dice que dejará su puesto como defensora del Pueblo envejecida y cansada por una larga lucha contra la corriente a favor de los derechos de la ciudadanía.

Cuenta que enfrentó poderes fácticos que pretendieron ocupar áreas protegidas y abogó ante la clase política a favor de miles de personas.

Enumera, mientras llora, las singularidades de un país tan especial como el dominicano.

Y exclama: “Tiene que haber un orden”. ¿Cómo es posible que te saquen de una casa en la orilla del río, te regalen una nueva y tú la vendas para volver al mismo lugar? ¿Cómo es posible que se estén robando los huevos de las tortugas Carey y de las cotorras, que las presas estén llenas de sedimentos y nunca se limpien?

Martínez expresa que enfrentó la Ley de Aguas que se discutía en el Congreso y con la que, supuestamente, se pretendía privatizar este recurso; y todavía no ha logrado que los presuntos invasores de los terrenos de Cuevas de las Maravillas abandonen el área.

También, explica, se unió a la lucha para que no se construyera en un hotel en el Parque Nacional de Cotubanamá, y para desocupar las Dunas de Baní.

Considera que fue un sueño conseguir que el Gobierno otorgara el Seguro Nacional de Salud a los envejecientes y trabajadoras domésticas, que se compraran más vagones para el metro, la reforma carcelaria y miles de prestaciones laborales a empleados que fueron despedidos sin ellas.

La institución opera con grandes limitaciones de espacio debido a que en marzo de 2019 firmó un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para que ellos gestionaran la construcción de la sede central y la adquisición de 14 locales regionales, con dinero propio de la Defensoría del Pueblo, pero aun esperan resultados.

Transfirieron al PNUD RD$314 millones de pesos para la construcción de la sede central en la avenida 27 de febrero en un solar propiedad de la Defensoría, la adquisición de 14 locales regionales y la habilitación de una estructura cedida por la Dirección General de Pasaportes en Santo Domingo Este (SDE). A la fecha, solo le entregaron el edificio en SDE donde funcionará un centro de formación.
Martínez Guante explicó que el lugar aun no abre sus operaciones debido a que prefiere esperar que el nuevo defensor del Pueblo nombre al personal que prefiera, en vista de que su gestión concluyó.

Los seis años que correspondían a Zoila Martínez terminaron en mayo de 2019, sin que la Cámara de Diputados elabore las ternas para sustituirla. La cámara baja abrió por tercera vez las inscripciones para los que deseen aspirar, en un plazo vigente desde el 26 de octubre hasta el 24 de noviembre.

Figuras como el doctor Antonio Cruz Jiminián se animaron a participar, junto a otras personas que también gozan de popularidad como Guadalupe Valdez, Altagracia Paulino, Pablo Ulloa y José L. Martínez Hoepelman.

En las dos ocasiones anteriores se recibiendo un total de 62 candidatos, pero no se llevaron a cabo las evaluaciones para conformar las ternas que posteriormente deben ser presentadas al Senado para hacer una selección.

Ante este retraso de la Cámara de Diputados, la carta magna establece que el pleno de la Suprema Corte de Justicia podía presentar las ternas; algo que no se hizo (artículo 92).

El defensor del Pueblo, creado en la Constitución del 26 de enero de 2010 con la encomienda de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos, contó con un presupuesto en 2020 de RD$165.3 millones, y una nómina de 76 empleados que cuesta RD$4.1 millones mensuales. La titular devenga un salario bruto de RD$250 mil pesos.

La Defensoría del Pueblo concentra sus acciones en procesar reclamaciones; realizar charlas y talleres; imprimir leyes, calendarios y folletos sobre diversos temas; gestionar construcción de canchas y viviendas; y defender áreas protegidas. Así consta en el informe de gestión entregado al Congreso Nacional correspondiente al 2019.

Hasta el día 30 de abril, el defensor del Pueblo atendió:
128 reclamaciones, de las cuales 49 fueron de personas enfermas sin acceso a las pruebas del COVID-19 y cuyos casos fueron tramitados a través de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública; 12 casos en curso de investigación de abuso y exceso por parte de agentes policiales durante la cuarentena; 15 casos en materia laboral; y 15 casos de falta de alimentación.

El órgano reportó que se tramitaron a la Presidencia de la República 60 solicitudes de personas en estado de vulnerabilidad comprobada, a fin de ser tomados en cuenta para su ingreso al Sistema de Tarjeta Solidaridad.

En el cuatrimestre anterior, desde septiembre hasta diciembre del 2019, la Defensoría del Pueblo resolvió 51% de los casos, en un 25% de ellos llegó al límite de sus facultades, y en un 12% verificó que no había conducta de violación de derechos en la reclamación. En ese lapso cerraron 194 de 200 reclamos recibidos sobre tutela de derechos.

DL

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