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Defensa de Rondón argumenta no deben ser admitidas las delaciones premiadas de Odebrecht

Santo Domingo, RD.- La defensa técnica del imputado Ángel Rondón argumentó en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que no deben ser admitidas en el juicio las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht enviadas desde Brasil.

Los abogados José Miguel Minier, quien encabeza la barra de la defensa, Emely Rodríguez y Fernan Ramos Peralta, plantearon a los jueces que conocen el juicio de fondo, que las delaciones premiadas no son pruebas válidas para probar la acusación en contra de los encartados en el caso Odebrecht.

Rodríguez sotuvo en el tribunal que el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, ordenó al órgano acusador ir a Brasil e interrogar a los empleados de la constructora Odebrecht, cosa que no hizo el Ministerio Público.

“Si el Ministerio Público hubiese querido traer esos empleados de Odebrecht para poder interrogarlos, ellos debieron cumplir con la resolución de un juez que la desacataron y nosotros esperamos mínimamente que aquí dijeran cuál es la razón”, acotó el abogado.

Manifestó que la voluntad del Ministerio Público no se dio de ir a Brasil y que la única posibilidad que establece la ley en su artículo 371 es cuando ese informe es introducido conforme a las reglas procesales, ya que las partes tienen esa posibilidad y ahí se armoniza la legalidad del proceso.

Rodríguez argumentó que las delaciones no están traducidas de conformidad con el mandato de la ley y que sólo contiene el sello y una inicial de la supuesta intérprete judicial, es decir, no contiene el número del acto, libro y folio de la traducción.

Además, señaló que no tiene certificación de que el documento es conforme con su original, identidad y firma del intérprete, fecha de la traducción y que, «para colmo de males», quien supone hizo la misma por el nombre que figura en el sello, «no está autorizada para realizar traducciones del portugués al español».

“Las delaciones son acuerdos que fueron producidas en un sistema judicial totalmente diferente al de la República Dominicana, pero, además, que los delatores no fueron interrogados por las autoridades dominicanas y sus declaraciones no están ni firmadas, ni apostillas o certificadas como manda la norma”, enfatizó Emely Rodríguez.

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