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«Avances de transparencia en RD conviven con sistema corrupto», dice Oxfam

“En República Dominicana los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas del Estado conviven perfectamente con una cultura política fundamentada en un sistema clientelar y corrupto que alcanza niveles épicos y roba recursos que deberían estar siendo empleados en paliar desigualdades y garantizar derechos”.

Así lo plantea “Autopsia Fiscal”, una investigación presentada la mañana de este martes por la organización Oxfam. Asegura que “a pesar de ser el país de mayor crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe, la política fiscal en República Dominicana padece de una limitada capacidad para orientarse a la garantía de derechos de la gente. “Es un Estado que no hace lo suficiente para garantizar derechos”, plantea Oxfam, al ofrecer los detalles, en un encuentro sostenido con la prensa en el Hotel Raddison, de la capital.

De acuerdo con los cálculos que realiza, para garantizar un mínimo de derechos, la inversión social en el país debería situarse entre 11.9% y 14.5% del Producto Interno Bruto para el año 2020. “Sin embargo, las proyecciones oficiales indican que apenas se llegará a cubrir un 8.2% del PIB para ese año. Ni los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en general ni de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en particular podrán cumplirse con tan bajo nivel de gasto en políticas sociales”, sostiene Rafael Jovine, oficial de Fiscalidad de Oxfam en República Dominicana el realizador del estudio. “República Dominicana registra la tercera inversión social más baja de la región, solo detrás de Haití y Guatemala. Y tenemos un presupuesto con serias limitaciones a la hora de reportar producción de bienes y servicios”, agrega.

Según Oxfam, al cierre del año fiscal 2018, de un total de 165 instituciones públicas del Gobierno central, el 73.3% (121 instituciones) no dicen nada acerca de qué efectivamente lograron al ejecutar el presupuesto asignado. No hay indicio alguno de productos y servicios que respalden su ejecución del gasto público. Por el contrario, apenas un 22% o 36 instituciones del Gobierno central presentan un ¨cumplimiento normal¨ de los servicios públicos bajo su responsabilidad.

“Autopsia Fiscal: evaluación de los gastos e ingresos del gobierno dominicano para garantizar derechos” busca diagnosticar, analizar y proponer cambios a nivel de la política presupuestaria anual que formula y ejecuta el Gobierno dominicano, así como identificar brechas y oportunidades de reorientación del gasto público hacia políticas sociales que combatan efectivamente las desigualdades.

El informe introduce además una discusión sobre aspectos de política tributaria que requieren ser revisados y transformados con el propósito de generar una efectiva suficiencia y justicia tributaria en el país.

El documento forma parte de la línea de investigación en eficiencia del gasto público, desarrollada por Oxfam en República Dominicana a través de su programa Democracia y Ciudadanía (DeyCi). El informe es la continuidad del estudio “Se buscan: Recursos para garantizar derechos”, cuya primera versión fue publicada en octubre del año 2017.

Jovine no se anduvo con rodeos en el abordaje del tema. “República Dominicana es el segundo país más corrupto en América Latina, según datos de Latinobarómetro 2018. Solo durante el periodo 2016-2018, el volumen de recursos envueltos en casos de corrupción o dispendio de recursos que han salido a la luz pública sería suficiente como para duplicar las transferencias de recursos asignados a todos los ayuntamientos el país”, expuso.

Fuente: El Caribe

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