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Autismo y la lucha por una escuela y un registro estadístico


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Encontrar una escuela para un niño autista puede convertirse en una búsqueda que se repite cada año. Preguntar si hay cupo, explicar un diagnóstico, escuchar cuánto cuesta un acompañante y volver a contar qué necesita un hijo para aprender. Después de conseguir la matrícula, queda la preocupación de que pueda permanecer allí, que lo comprendan, que encuentre una manera de participar y que la familia no tenga que comenzar de nuevo unos meses después.

¿En República Dominicana, organizar una respuesta a esas necesidades sigue tropezando con una pregunta pendiente: ¿Cuántas personas con autismo hay y qué apoyos requieren a lo largo de su vida?.

Educación conoce una parte de esa población. La Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación confirmó a Panorama que mantiene un registro de 23,609 estudiantes con discapacidad en el sector público, de los cuales 6,398 tienen identificado un trastorno del espectro autista.

Detrás de esos números hay estudiantes que necesitan apoyos distintos. Algunos pueden desenvolverse en un aula regular con ajustes en la enseñanza; otros requieren un acompañamiento más intenso. Para sus familias, la preocupación comienza mucho antes de una evaluación escolar y continúa después del último timbre. Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo y padre de un adolescente dentro del espectro, insiste en que conseguir un asiento es apenas una parte del proceso.

“La inclusión no termina con la matrícula: debe traducirse en aprendizaje, participación, convivencia y permanencia”, sostiene.

Las puertas que se cierran

Un padre entrevistado por Panorama recuerda las respuestas que recibió mientras buscaba dónde inscribir a su hijo. En algunos colegios le decían que no trabajaban con personas con discapacidad. En otros exigían un acompañante o presentaban costos difíciles de asumir.

“Se cerraron muchas puertas en colegios”, cuenta.

Su hijo había comenzado a estudiar a los dos años. Durante ese recorrido, la familia tuvo que retirarlo de centros donde, según denuncia el padre, sufrió maltrato. Recuerda que a los siete años regresaba llorando y que le jalaban las orejas.

También encontró una maestra que volvió a recibirlo cuando otra experiencia escolar terminó en dificultades. Aunque su colegio impartía clases hasta cuarto de primaria, lo acompañó hasta quinto. Después, el niño pidió ir a una escuela pública.

Ingresó en sexto a la escuela y continuó en la educación media. Allí encontró el respaldo de la dirección, del equipo de psicología y de buena parte de sus profesores. Cuando surgieron problemas de convivencia, el padre solicitó intervenciones y charlas de sensibilización. Relata que acudieron equipos de Educación y que el Consejo Nacional de Discapacidad participó en dos ocasiones, en años distintos. Terminó el bachillerato en 2024.

Ilustración

 

La historia reúne dificultades y respuestas que conviven dentro del sistema: centros que cierran puertas, docentes que buscan cómo acompañar y familias que deben mantenerse pendientes para sostener la escolaridad.

Durante esos años, el ruido podía molestarlo y hacer que saliera del aula. Su familia acudía al centro y, cuando podía, permanecía cerca.

“Nosotros íbamos y nos quedábamos ahí”, recuerda el padre.

Para otras familias, estar disponibles durante la jornada escolar plantea una dificultad adicional: cómo acompañar a un hijo y, al mismo tiempo, cumplir con el trabajo, atender a otros hijos y sostener los gastos del hogar. ¿Qué respuesta encuentra un estudiante cuando sus padres no pueden quedarse cerca?.

Los apoyos dentro de la escuela

La Dirección de Educación Especial informó que cuenta con 145 Aulas Específicas para la Inclusión Educativa, en las que registra 1,508 estudiantes: 1,031 con autismo y 477 con discapacidad intelectual. Estos datos están en proceso de validación para el año escolar 2026-2027. Para esas aulas reportó 334 docentes y 165 psicólogos.

Consultada sobre las plazas disponibles y las solicitudes de ingreso pendientes, la institución respondió: “Se van aperturando en la medida que se necesitan”.

Conocer esa demanda permitiría seguir el recorrido de quienes todavía buscan un espacio: dónde esperan, cuánto tiempo llevan solicitándolo y qué atención reciben mientras se habilita una respuesta.

En las aulas regulares, el Minerd explicó que existe la figura del docente o maestro de apoyo. Este profesional puede rotar entre distintos salones y acompañar a varios estudiantes del centro según sus necesidades. Es un servicio distinto al acompañante dedicado de manera permanente a un solo alumno, que muchas familias conocen como “maestro sombra”.

La institución indicó, además, que las técnicas distritales de Atención a la Diversidad y los equipos técnicos regionales CAD orientan a los docentes y dan seguimiento a la inclusión. Como parte de ese trabajo, procura que cada estudiante tenga un Plan de Apoyo Individualizado, revisado de acuerdo con sus avances y necesidades.

El desafío está en que ese acompañamiento llegue a la experiencia cotidiana: en cómo se explica una tarea, se atiende una dificultad de comunicación, se maneja el ruido o se previene una situación de discriminación.

Quiroz plantea que ampliar la infraestructura debe ir acompañado de formación continua, materiales accesibles, adaptaciones curriculares y orientación especializada.

“No todos requieren acompañante permanente ni escolarización separada”, señala.

Educación también informó que tiene registrados 32 estudiantes trasladados de aulas específicas a regulares a partir de la Ordenanza 05-2024, distribuidos en seis regionales. El levantamiento continúa en actualización para el presente año escolar.

Cada transición requiere sostener los apoyos. Llegar al aula regular abre una etapa que necesita seguimiento, tanto para el estudiante como para quienes le enseñan y comparten con él.

La información que falta

Las necesidades educativas forman parte de una discusión más amplia que la Mesa de Diálogo por el Autismo lleva años planteando: la ausencia de estadísticas nacionales específicas sobre esta población.

Los registros escolares, las certificaciones de discapacidad y la información de los servicios de salud recogen distintos momentos de la vida de una persona. Quiroz reclama que las instituciones coordinen esos esfuerzos para conocer edades, territorios, necesidades de apoyo y barreras de acceso.

“Sin saber cuántas personas necesitan atención, dónde viven y qué servicios requieren, resulta difícil planificar presupuesto, formar especialistas y ampliar la cobertura”, afirma.

Una familia puede necesitar orientación desde las primeras señales de una condición; después, evaluaciones, terapias, un centro educativo y apoyos para continuar aprendiendo. Con la adolescencia y la adultez aparecen nuevas necesidades. Planificar ese recorrido exige conocer dónde se concentra la demanda y qué servicios están disponibles.

Según recuerda Quiroz, la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, promulgada el 5 de junio de 2023, contempla estudios estadísticos nacionales.

El coordinador subraya que su reglamento, previsto para los 120 días siguientes, fue aprobado el 24 de julio de 2024 mediante el Decreto 403-24. Más de tres años después de promulgada la ley, sigue reclamando una respuesta concreta sobre el registro nacional.

¿Qué han avanzado las instituciones? ¿Cuándo estarán disponibles los resultados? ¿Cómo se utilizarán para decidir dónde hacen falta docentes, terapeutas y nuevos servicios?

La Mesa pide que esas respuestas puedan seguirse mediante indicadores, presupuestos y compromisos verificables.

Autismo

 

Fuente: Panorama

 

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