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ADOCCO reitera apoyo a reforma Constitucional pactada para unificar elecciones y blindarla

ENTRE LAS NOVEDADES TENDRÍAMOS EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN, ELECTORAL, EXCLUSIÓN PROCURADOR DEL CNM Y EL REFERENDO APROBATORIO

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, reitero este lunes, su pedido de que la clase política junto a los demás sectores, la firma de un gran pacto nacional, para reformar la constitución, que permita la unificación de las elecciones municipales y generales, para evitar lo que considera un caos que desborde la capacidad de la Junta Central Electoral, que tendría que estar montando las elecciones de febrero, para de inmediato preparar el montaje de las de mayo, con apenas dos meses, sin tomar en cuenta los conflictos propios de esos procesos electorales.

En su propuesta anterior la organización clamó para que por primera vez en la historia, la constitución adopte una forma rígida, que evite que los presidentes de turno, propicie reformas constitucionales, para su beneficio, como tradicionalmente ha venido ocurriendo, donde los últimos tres presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, en apenas 23 años, promovieron reformas, para el restablecimiento de la reelección presidencial, por lo que sería lo más conveniente la firma de un pacto que incluya un blindaje por 30 años y que para que se pueda reformar, luego de vencido ese tiempo, tenga que ser sometida una consulta y posteriormente a un referéndum aprobatorio.

Para que ese pacto se produzca, necesariamente debe ser convocado por el presidente de la república, por su liderazgo y la fuerza que posee en el congreso, ya que sin su participación sería imposible realizarla, vía única que haría posible, darle solución a lo que podría representar un grave problema, por la celebración de las elecciones municipales en febrero 2020 y las de senadores, diputados y del presidente de la republica con apenas dos meses de diferencia, lo que al parecer no fue contemplado en la reforma del 2010.

El presidente de ADOCCO, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio señaló que “Solo una reforma estructural, a gran escala y con la participación de todos los sectores de la vida nacional, se podría erradicar el fantasma de la reelección presidencial, incluyéndola dentro de las clausulas pétreas, para que todo aspirante a la presidencia llegue convencido de que si el pueblo lo vota por dos periodos o no, saldrá del escenario de manera automática, permitiendo un mayor flujo del liderazgo político del país”.

Además de establecer con claridad el impedimento de modificación de la constitución para la reelección presidencial, por más de dos periodos, la entidad de la sociedad civil, propone: que las elecciones municipales programadas para celebrarse en febrero del año 2020, se unifiquen con las elecciones congresuales y presidencial, a celebrarse en mayo del mismo año; eliminar la disposición transitoria Vigésima que reza: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”.

Que el ministerio público sea autónomo, escogido por un mecanismo que incluya además de los órganos constitucionales, a sectores de la academia y sociedad civil y excluir al Procurador General de la República, del Consejo Nacional de la Magistratura, para que ese órgano constitucional retorne a la esencia que le dio origen.

Incluir como órgano constitucional al fiscal general anticorrupción, que tendría autonomía en su accionar, designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, con las mismas exigencias de los jueces de las altas cortes, responsable de los delitos de corrupción, en los ámbitos privados y público; al fiscal general electoral, que tendría autonomía en su accionar, designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, con las mismas exigencias de los jueces de las altas cortes, responsable de la persecución de los delitos electorales.

Establecer que para futuras reformas a la constitución, esta tenga que ser previa a la celebración de un plebiscito, organizado por la Junta Central Electoral, sobre la necesidad de la reforma, previa difusión de la necesidad de la misma, para la que se necesitaría una mayoría calificada de la población inscrita en el padrón electoral y ser aprobada, mediante un referendo aprobatorio, hasta 30 años después de la propuesta reforma.

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