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A más de mil jóvenes les han colocado drogas, dice DDHH

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) afirmó que más de mil jóvenes a nivel nacional guardan prisión injustamente ya que agentes antinarcóticos le colocan drogas para implicarlos.

Manuel María Mercedes indicó que los jóvenes son apresados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sin nada que los implique y que cuando son trasladados hacia la institución “tiene toda la droga del mundo”.

“Como es en el caso de Cristo Rey, más de 10 casos que tenemos en los archivos de la Comisión de jóvenes que viven en condiciones infrahumanas, gente muy pobre y que entonces resulta que la DNCD le dé el calificativo de narcotraficante”.

María Mercedes indicó, además, que la mayoría de estos jóvenes ronda las edades de 19 a 27 años y cumplen prisión por una injusta causa y de manera ilegal.

“Han sido sometidos sin los tribunales tener las respectivas pruebas bajo la base de denuncias concretas de sus familiares, de testigos presidenciales como ha sucedió en más de 10 casos en Cristo Rey”, aseguró María Mercedes.

Asimismo, calificó como una vergüenza el caso donde supuestamente la fiscalizadora Carmen Lisset Núñez y agentes de la DNCD colocaron drogas en una peluquería durante un allanamiento, en el municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi.

“Esa acción deja expresamente establecido el fracaso que han tenido las autoridades en materia del combate a la violación a la ley 50-88 (sobre Drogas y Sustancias Controladas)”, dijo.

Indignación en Villa Vásquez

El conocimiento del video donde alegadamente se observa a la fiscalizadora y a los agentes colocando el narcótico dentro del referido establecimiento ha desatado una lluvia de denuncias por parte de ciudadanos de Villa Vásquez.

Desde extranjeros hasta individuos que han tenido que cumplir penas de hasta dos años, figuran en las lista de los despojados de altas sumas de dinero, supuestamente por parte de la red de chantaje que involucra a la fiscal adjunta.

Por el escándalo, el abogado Félix Portes sometió ante la Procuraduría General de la República (PGR) a la representante del Ministerio Público, a siete agentes de la DNCD y un hombre que apenas hace cinco días había salido de prisión y que fue alegadamente utilizado para contactar al individuo que habría colocado la droga en la barbería donde labora Odabel Montana para incriminarlo como narcotraficante.

La barbería El Maná, ubicada en pleno centro de este municipio, es propiedad de Otoniel Gutiérrez, quien junto a Montana son resguardados ante presuntas amenazas, según denunció el también abogado, Elbis Muñoz Sosa.

Investigación

Portes informó que contra la fiscal adjunta Carmen Lisset Núñez depositó una querella disciplinaria y sometimiento por prevaricación y asociación de malhechores, junto a los siete agentes actuantes.

En el caso de Juan Daniel Disla, el hombre utilizado para suplantar la droga, a cambio del presunto pago de 100 pesos, y la promesa de operar un punto y la entrega de un arma de fuego, será utilizado como testigo contra la representante del Ministerio Público y los integrantes de la dotación.

Además elevaron un recurso para que el presidente del organismo antinarcóticos, Félix Alburquerque, ofrezca los nombres de los involucrados.

Una mujer que no quiso ser identificada, dijo que la fiscal lleva varios años con esa práctica de colocar estupefacientes a jóvenes de la comunidad, para en complicidad con un abogado de esa zona, que se cree guarda una relación, entonces dedicarse a extorsionarlos.

También, el abogado Muñoz identificó a uno de los extorsionados como Juan Pimentel, al que despojaron de 92 mil pesos y guardó dos años prisión hasta ser descargado. A un extranjero no identificado le habrían quitado 90 mil pesos.

Hace cuatro años Núñez fue sacada como fiscalizadora tras varias protestas en contra de su accionar.

Fiscal y agentes pueden ser condenados a 20 años

El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, explicó que de comprobarse en los tribunales la colocación de drogas la fiscal y los agentes de la DNCD actuantes podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Esto así si son encontrados culpables de posesión de sustancias controladas, asociación de malhechores y falsedad de documentos públicos. Ayer, la vicepresidente de la República, Margarita Cedeño, calificó como un “hecho condenable” esta situación y dijo que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, para que mejore la seguridad en el país. A partir de hoy iniciarán a escuchar a las personas interesadas en aportar informaciones sobre el caso, según comunicó, Domingo Cabrera, de la Inspectoría General del Ministerio Público, quien investiga el suceso.

Perjudicial

“Están dañando la juventud a través de este mecanismo ilegal que viene haciendo la DNCD”, dijo Manuel María Mercedes.

Fuente: Listín Diario

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