El negocio detrás de la belleza: médicos sin especialidad ocupan funciones de cirujanos en clínicas estéticas de Santiago
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RESUMEN
Clínicas privadas, centros especializados y consultorios dedicados a procedimientos corporales y faciales se expanden aceleradamente en ciudades como Santiago de los Caballeros, Santo Domingo y otras zonas del país, impulsados por una creciente demanda de pacientes dominicanos y extranjeros atraídos por la promesa de transformar su imagen física.
Detalla que el problema se descubre en los quirófanos cuando las personas llegan con complicaciones graves a manos de los especialistas certificados.“Los casos nos llegan a nosotros”, dice Mirabal al tiempo que explica sobre las condiciones que reciben estos pacientes.“Los recibimos con infecciones, deformidades, necrosis, sangrados, problemas respiratorios, complicaciones por anestesia… ahí es que descubrimos quién los operó, dónde y bajo qué condiciones”, especificó.Según expone, en muchos casos se trata de médicos que, atraídos por la rentabilidad del sector, deciden realizar procedimientos para los que no están acreditados.“Por ganar dinero, algunos están haciendo procedimientos para los que no tienen el expertise”, asegura.Mencionó a ciudadanos dominicanos y extranjeros —sin precisar la nacionalidad de estos últimos— entre las personas que presuntamente estarían incurriendo en esa práctica.
Expansión del turismo de salud
El galeno atribuye el intrusismo profesional a la expansión del turismo médico, lo que ha generado nuevas oportunidades económicas para clínicas y otros centros privados.La doctora Penélope Gómez, presidenta provincial del Colegio Médico Dominicano en Santiago, reconoce que dicho crecimiento ha sido acelerado.“En los últimos años el país ha tenido un aumento importante en el turismo de salud, y Santiago se ha convertido en uno de los principales destinos médicos para pacientes extranjeros”, señala.
Sostiene que ofrecer procedimientos a costos más bajos que en Estados Unidos y otras naciones ha posicionado la Ciudad Corazón en un mercado regional.Ese auge, explica, ha provocado la apertura constante de nuevos centros de estética.“Todos los días se abren clínicas, centros y consultorios relacionados con la estética”, refirió Gómez.Sin embargo, externó que la velocidad de expansión también ha abierto espacio para operaciones fuera del marco regulatorio.“Hay lugares que se presentan como centros de cosmetría o estética básica, pero luego terminan realizando procedimientos quirúrgicos mayores de manera clandestina”, afirmó.La doctora exhorta a los pacientes verificar credenciales, certificaciones y avales antes de someterse a una cirugía con un médico determinado.“No todo centro estético está facultado para realizar procedimientos quirúrgicos mayores”, sostiene la gremialista al expresar su preocupación por el intrusismo.
Cuando un título médico no basta para operar
Uno de los principales mensajes que repiten los gremios de la salud es que ser médico no equivale automáticamente a estar capacitado para realizar una liposucción, una abdominoplastia o una reconstrucción corporal.Rafael Mirabal sostiene que realizar una cirugía plástica requiere una formación especializada, extensa y rigurosa.“La cirugía plástica no se aprende en cursos de fines de semana. No se aprende por videollamada ni viajando unos meses a otro país para regresar diciendo que ya se es cirujano”, declaró.Explica que para ejercer esa especialidad se debe completar una residencia formal de varios años.“Hay que hacer una residencia médica acreditada. Hay que entrenarse en hospitales, manejar complicaciones, conocer anatomía quirúrgica y pasar por un proceso real de formación”, detalló.
Por eso, asegura, la sociedad médica verifica los antecedentes académicos de cada profesional antes de aceptarlo.“Nosotros investigamos dónde estudió, qué residencia hizo, quién lo avala. No todo el que dice ser cirujano plástico pertenece a la sociedad”, indicó al explicar en qué consiste el proceso de agregar a un nuevo integrante al gremio.
¿Quién regula?
Aunque tanto el Colegio Médico como las sociedades especializadas reciben denuncias y monitorean el ejercicio profesional, ambas instituciones aclaran que la habilitación de centros y la supervisión sanitaria corresponde al Estado dominicano.“El Ministerio de Salud Pública es quien habilita y regula los centros de salud”, manifiesta Gómez.El Colegio Médico, añade, interviene principalmente en la parte ética y en la colegiatura profesional.“Nosotros supervisamos que el doctor esté legalmente autorizado para ejercer la medicina, pero las habilitaciones de clínicas corresponden al Ministerio de Salud Pública”, subraya.Rafael Mirabal añade la participación de la sociedad en el tema.“Nosotros podemos denunciar, alertar y documentar, pero quien debe cerrar, fiscalizar y hacer cumplir la ley son las autoridades sanitarias”, enfatizó.
Centros cerrados que continúan operando
Uno de los hallazgos más preocupantes, según el representante de la Sociedad de Cirugía Plástica, es que algunos establecimientos continúan funcionando incluso después de ser reportados ante las autoridades judiciales y de Salud Pública.Mirabal asegura que la sociedad mantiene comunicación constante con los organismos competentes cuando detectan irregularidades.“Cada vez que identificamos a alguien haciendo intrusismo o un centro operando fuera de norma, informamos a Salud Pública”, asegura.No obstante, sostiene que las sanciones no siempre logran detener la práctica.“Hay centros que son cerrados y aun así siguen operando. Ahí es donde entendemos que debe haber consecuencias más fuertes”, advierte el galeno.
Un caso que volvió a encender las alarmas en Santiago
La muerte de Angélica Geraldín Hernández, de 32 años de edad, ocurrida el 26 de marzo de este año mientras presuntamente era sometida a una liposucción en el centro de cirugía estética Diosa, ubicado en Los Jardines Metropolitanos, en Santiago de los Caballeros, ha vuelto a colocar bajo escrutinio las denuncias sobre presuntas malas prácticas y el intrusismo médico dentro del sector de la cirugía en la República Dominicana.El referido caso provocó la intervención del Ministerio de Salud Pública, que a través de su Dirección de Habilitación ordenó el cierre definitivo del establecimiento (Diosa) tras determinar una serie de irregularidades administrativas y operativas.De acuerdo con el expediente levantado por las autoridades, el lugar no contaba con la debida autorización ni estaba habilitado para la realización de procedimientos quirúrgicos, una situación que agrava las sospechas de presunta mala práctica y coloca el caso dentro del debate sobre el ejercicio irregular de procedimientos altamente complejos por parte de centros que, pese a no reunir los requisitos legales, continúan ofertando servicios estéticos al público.La investigación oficial estableció además que el centro había incurrido en modificaciones estructurales y ampliación de servicios sin autorización previa, violaciones que contravienen la Ley General de Salud 42-01.
Según la documentación, estas irregularidades no eran nuevas. La Dirección de Habilitación había identificado múltiples faltas desde agosto de 2024 tras una denuncia previa, incluyendo cambios en la infraestructura y fallas en procesos internos que nunca fueron corregidos. Pese a ello, el establecimiento continuó operando y realizando procedimientos invasivos, un patrón que especialistas y familiares de víctimas describen como parte del supuesto modus operandi de algunas clínicas estéticas que operan al margen de los controles regulatorios.
La parte legal
El abogado Pedro Domínguez Brito, representante de la familia de Angélica Geraldine Hernández, sostiene que en este caso existen elementos que permiten presumir mala práctica médica, al tratarse de una intervención quirúrgica compleja realizada, según confirman las propias autoridades en su informe, en un centro que carecía de la legalidad y de las condiciones necesarias para responder ante una emergencia.A su juicio, someter a una paciente a una cirugía de alto riesgo sin la infraestructura, los protocolos, el equipamiento de emergencia y el personal especializado requerido podría configurar responsabilidades penales más allá de una simple negligencia administrativa.Aunque ya se querellaron contra al menos cuatro personas, Domínguez Brito indicó que todavía existen interrogantes sobre la identidad de todos los profesionales que participaron en el procedimiento, incluyendo el anestesiólogo, mientras ya se han presentado querellas contra varias personas vinculadas al caso y contra el propio centro médico. Entre los presuntos responsables del deceso de la joven figuran tres médicos, de los cuales, según denuncian, hay dos galenos que no son cirujanos.
Las secuelas: un niño que no come y pregunta por su madre fallecida
Para familiares de la fallecida, además del dolor por su pérdida, ahora enfrentan el drama de un niño que quedó sin su madre tras el procedimiento quirúrgico que terminó en tragedia.Aseguran que el menor no ha logrado asimilar lo ocurrido y que su comportamiento refleja el vacío que dejó la ausencia repentina de su progenitora.“Ella tenía un hijo… y ese niño no duerme de noche, no come, esperando que llegue su madre”, expresó Brunilda Mercedes Rodríguez, tía de la fallecida al referirse al impacto emocional que la muerte ha provocado dentro del núcleo familiar.Sus palabras evidencian que las consecuencias de la supuesta mala práctica médica trascienden la pérdida de una vida y golpean directamente a un menor que ahora crece marcado por la ausencia materna.Otros familiares sostienen que confiaron plenamente en los médicos y en el centro donde Hernández fue intervenida, convencidos de que recibiría atención profesional y segura. Sin embargo, sostienen que hoy esa confianza se transformó en indignación, al considerar que las autoridades no han ofrecido respuestas claras ni acciones contundentes frente al caso.“Nosotros confiamos primero en Dios y después en nuestros médicos… y hoy estamos aquí pidiendo justicia por la muerte de Geraldine”, manifestó Gertrudis Rodríguez, otra pariente.Tanto los parientes como el abogado de la familia se quejan debido a que a casi dos meses de la muerte de la joven no han salido los resultados de la necropsia por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).“La sociedad y, sobre todo, los familiares de la víctima tienen derecho a conocer el avance de las investigaciones”, externó Domínguez Brito.Advirtió que su mayor temor es que casos similares continúen ocurriendo si no se establecen responsabilidades.En medio del dolor, la familia hace un llamado a las autoridades competentes para que intervengan en el proceso y se garantice una investigación que permita esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven, cuyo fallecimiento, afirman, dejó una herida irreparable, especialmente en un niño que todavía espera el regreso de su madre. Mientras el Ministerio Público profundiza la investigación, especialistas advierten que el verdadero desafío no es solo castigar después de una tragedia, sino evitar que médicos sin especialidad sigan tomando un bisturí para ejercer una profesión que, aseguran, requiere mucho más que un título de doctor
