l laberinto judicial
En el primer caso, la fiscalía pidió 20 años de prisión, una sentencia que fue dictada en primera instancia. Una apelación redujo la condena a 15 años sin una explicación que la sobreviviente considere proporcional. El intento de impugnar esa reducción en instancias superiores fue infructuoso. La sensación que le queda es de desamparo institucional: “Me siento abusada y decepcionada”, dice, a pesar de que la condena ofreció una mínima reparación simbólica.
Su testimonio resume dos verdades duras: la violencia puede venir de alguien que creías conocer, y el camino hacia la justicia y la reparación está lleno de obstáculos y complicidades.
A pesar del dolor, sigue adelante. Su historia exige no solo condenas más justas, sino también investigaciones completas que no dejen impunes las piezas que permiten que estos crímenes ocurran.
En el segundo testimonio, el caso llegó a juicio y el agresor fue condenado a varios años de prisión, además de una indemnización económica. Pero la justicia penal no logró cerrar la herida familiar. La condena fragmentó los lazos. Excepto su padre, la familia paterna se volcó contra ella, la rechazó y la acusó de mentir. La sobreviviente quedó aislada en el seno de quienes debieron haberla protegido.
Una violencia de larga data
La violencia y el abuso sexual en República Dominicana no son un problema reciente. Invisible y legitimada por décadas, solo aparece en casos de trascendencia pública. Es un reflejo crudo de la vulnerabilidad cotidiana de la mujer dominicana.
El reciente caso de Villa González y la violación grupal de una joven de 21 años aún resuena. Este y otros casos similares revelan una cultura de violencia con un horror que trasciende el suceso individual. Se trata de un engranaje de turbulencia masculina donde el cuerpo de la mujer es cosificado y tratado como un “despojo” en un acto de oprobio.
Casos de escalofriante similitud, aunque no hayan salido a la luz, subrayan un patrón de abuso sistemático. Detalles espeluznantes como la adulteración de una bebida para quebrar la voluntad de la víctima, y los encierros forzosos con presencia cómplice alrededor del crimen, son historias que se repiten en el país.
Cifras que gritan
Las denuncias por violación sexual se han convertido en una de las principales alertas. Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), entre enero y julio de este año se han contabilizado 3,854 reportes por distintos delitos sexuales, de los cuales 681 corresponden a violaciones, equivalentes al 17,67%.
El desglose de la PGR por tipo de delito sexual muestra que la agresión sexual registró 1,178 casos, lo que representa el 30.57% del total. La seducción de menores tuvo 1,135 casos, un 29.45% del total.
Las cifras evidencian no solo un aumento del delito, sino la persistencia de la violencia sexual que afecta a mujeres y niñas en distintas provincias del país. Las estadísticas sobre delitos sexuales basadas en denuncias no lo dicen todo, pero dan una aproximación al intenso grado de violencia sexual en la sociedad dominicana. A pesar del subregistro inevitable, lo publicado por la PGR en 2024 debió destapar las alarmas.
Ese año, las unidades especializadas en violencia de género (UVGS) recibieron 7,206 denuncias. De ellas, 1,430 fueron por violación sexual, 538 por incesto y 2,177 por seducción de menores. Varios estudios estiman que entre el 63% y el 87% de los delitos sexuales no se denuncian.
En el caso del incesto en particular, las cifras de subregistro alcanzan entre el 70% y el 90%, ya que las víctimas optan por el silencio. Ante ese drama, la sociedad intenta justificar sus miserias con frases como “ella se lo buscó”. Quizás por ello, a pesar del aumento de las estadísticas, las instituciones y la sociedad misma siguen imperturbables.
¿Por qué ocurre la violencia sexual?
República Dominicana asiste a una profundización de actos sexualmente violentos. Para procurar respuestas, buscamos la perspectiva de varios profesionales.
Tahirí Calderón Cabral, psicóloga clínica, refiere la complejidad del dilema. “El tema de la violencia, sus causas y dinámica es un problema multifactorial”, dice. “La mirada obliga a los distintos subsistemas: individual, familiar, mesosistema (instituciones y espacios) y, finalmente, un sistema de creencias histórico, político y moral, desde donde se gestan y sostienen dinámicas violentas”.
Según explica, en el nivel individual intervienen factores biológicos y epigenéticos. “Es importante ver esta variable en su interacción con el contexto, pues es este el que detona alguna predisposición existente”.
“El nivel familiar es vital. Es en el hogar donde interiorizamos las pautas relacionales. La normalización de los malos tratos y la ausencia de reconocimiento de las necesidades es donde primero se gestarán estas dinámicas, y lo común se vuelve la norma”.
Las causas, además de los factores socioculturales, son muchas. “La ausencia del Estado en un contexto en donde las necesidades básicas no están cubiertas, vulnera a las mujeres y las convierte en presas fáciles de redes perversas”.
Calderón destaca la desensibilización de la sociedad. “La sobreexposición a las redes sociales, la poca credibilidad de los medios y la ausencia de consecuencias influyen en la ocurrencia de hechos de violencia y violaciones”. Su experiencia como terapeuta la coloca frente a una realidad cotidiana. “En los casos que acompaño en poblaciones de jóvenes adultos, el sentido del ‘sí mismo’ es frágil, desorganizado”.
Explica que hay tres elementos a considerar: los estigmas y tabúes, falta de información, y la impunidad en hechos de violencia. “Más del 50% de las historias de mujeres que he acompañado han tenido alguna experiencia de abuso sexual y violaciones perpetradas en su mayoría por personas cercanas”.
“Son experiencias traumáticas que provocan una ruptura en la psique”. Pero, además, “la impunidad. Son las instituciones las que en muchos casos dudan del testimonio de las víctimas, las responsabilizan y no hacen investigaciones oportunas que permitan que los casos sean bien argumentados”.
El vínculo con la trata de personas
La psicóloga forense y terapeuta familiar Brenda Patricia Mejía es directa: “En la República Dominicana, la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual, tiene sus raíces en la inferioridad, la subordinación y el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres”.
No descarta los vínculos entre violencia sexual y redes organizadas de trata de personas. “Las mujeres narran cómo llegan al país a través de redes organizadas”. A partir de sus testimonios, explica que estas redes están conformadas por grupos con funciones específicas: los encargados de captar, los que facilitan el traslado, y los que las reciben, les retienen sus documentos y las explotan.
Al igual que Calderón, la profesional de la conducta entiende que en la violencia sexual intervienen diversos factores, aunque hace énfasis en las cuestiones institucionales y estatales: “En este contexto se dan condiciones y situaciones que permiten, favorecen y refuerzan la violencia sexual”.
Las modalidades son variadas: relaciones de pareja, acoso en el trabajo, violaciones por desconocidos o personas cercanas, trata, incesto, acoso en las escuelas y, con el avance de la tecnología, nuevas modalidades como la exposición de material sin el consentimiento de la persona.
Descarta que exista un perfil que defina a las sobrevivientes de violencia sexual, aunque entiende que la ausencia de los padres, de redes de apoyo, personalidad vulnerable y dificultad para establecer límites son aspectos para considerar.
Ambas expertas entienden que es vital ofrecer un servicio multidisciplinario que proporcione una respuesta integral: atención médica, legal, psicológica y servicios de protección. La terapeuta Calderón incorpora otros elementos importantes, como la colaboración interinstitucional.
“Es fundamental que las instituciones que reciben estos casos conozcan el impacto de estos hechos. Eso no ocurre en la actualidad. Es la víctima quien gestiona el acceso a cada una de estas instituciones. Las mujeres abandonan los procesos por los retrasos, irregularidades y malos tratos”.
La invisibilidad del abuso
La antropóloga e investigadora Tahira Vargas asegura que la violencia sexual en República Dominicana es invisible y legitimada, pues solo aparece en casos de escándalos públicos.
Califica de preocupante la reacción de la población que, en muchos casos legitima la violencia sexual cuestionando a la víctima, despojando a los agresores sexuales de su responsabilidad social y criminal.
Refiere que el estudio de masculinidades y violencia de género (Vargas/Profamilia 2019) que muestra la permisividad y la ausencia de responsabilidad. “Algunos reconocen que han sido agresores sexuales o que han tenido deseos de violar a niñas, mujeres o adolescentes porque ‘los provocan’ o porque están ‘solas’”.
Vincula la permanencia del abuso sexual a la culpabilización de la víctima o de su madre. “Gran parte de las víctimas lo han vivido al interior de la familia, siendo sus agresores padres, hermanos, tíos, abuelos, padrastros, vecinos y compadres”.
Sin embargo, dice, los agresores sexuales no son culpabilizados socialmente. Esos casos pasan por el velo de la invisibilidad y la permisividad.
Concluye que la prevención es urgente y debe iniciar con la revisión del imaginario de la confianza. “Las familias cuidan mucho a sus hijas del ‘extraño’ pero no las cuidan de los hombres de la familia. Erradicar los abusos sexuales es una tarea de toda la sociedad”.
El laberinto de la justicia
Diversas entidades han expresado preocupación por el nuevo Código Penal, que podría no garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas. El abogado penalista Marino Elsevif considera que muchos tipos penales carecen de la tipicidad y culpabilidad que doctrinalmente deben ser establecidas.
Es decir, hay una exageración en la acción u omisión, lo que puede provocar un “despotismo penal”. “Muchas veces, los jueces no pueden sancionar a un imputado por la falta de antijuricidad y de tipicidad”.
Además, advierte una “yuxtaposición de tipos penales”, que se verifica también en la violencia doméstica y familiar, y que, a su vez, son tipificados en la agresión sexual y el acoso.
Obstáculos y vacíos legales perpetúan la impunidad
Según profesionales del derecho, cuando se presenta una denuncia por violación sexual, el proceso se rige por el Código Procesal Penal. La investigación se basa en la recolección de diversas evidencias, tanto físicas como testimoniales.
Documentar un caso de violación es un proceso delicado que requiere la participación de múltiples profesionales y la recopilación de diferentes tipos de pruebas.
Los elementos clave para documentar y probar un caso incluyen: levantamiento de evidencias físicas (certificado médico legal, muestras de ADN) y pruebas documentales y tecnológicas (mensajes de texto, registros telefónicos y otros documentos digitales).
El conjunto de todas estas pruebas es lo que permitirá, finalmente, que el Ministerio Público sustente una acusación y que un juez emita una sentencia.
Mientras, en República Dominicana, el eco siniestro de la violencia sexual es una herida invisible. Dos historias resuenan el costo humano del silencio.
Fuente: Panorama
