Graves irregularidades en contrataciones de emergencia tras inundaciones del 4 de noviembre 2022
Joseph Abreu, excoordinador de Participación Ciudadana, señaló en el programa “Toda la Verdad” que estas instituciones incumplieron este mandato, al no encontrar dichos informes en sus portales.
Santo Domingo.- A un año de que los residentes del Gran Santo Domingo sufrieran los efectos de las torrenciales lluvias del 4 de noviembre de 2022, surgen serias interrogantes en las contrataciones realizadas bajo el decreto 638-22 que autorizó compras y contrataciones de emergencia.
La falta de transparencia pone en tela de juicio la ejecución de obras millonarias, muchas de las cuales no han sido concluidas y otras que ni siquiera han sido iniciadas.
El decreto, que abarca a 21 instituciones, establece claramente que las mismas deben rendir informes detallados, incluyendo un resumen ejecutivo, actuaciones realizadas, estatus de pagos y anexos en un plazo de 15 días.
Joseph Abreu, excoordinador de Participación Ciudadana, señaló en el programa “Toda la Verdad” que estas instituciones incumplieron este mandato, al no encontrar dichos informes en sus portales.
La falta de cumplimiento de este mandato por parte de las entidades acogidas al decreto resalta la opacidad en los procesos de emergencia.
El equipo del programa “Toda la Verdad” que se transmite todos los domingos a las 8:00 de la noche por VTV canal 32, investigó varios de estos procesos de compras por “emergencia”. Se destaca el caso del Ministerio de Educación y la asignación de cerca de RD$500 millones para la reparación de 87 planteles en el Gran Santo Domingo.
Algunos centros educativos como el Politécnico María de la Altagracia, la escuela Teofilina de Jesús Abad y el Liceo Fidel Ferrer mostraron deficiencias y falta de avance, mientras otras muestran condiciones deplorables a un año de la asignación presupuestaria.
Adicionalmente, el informe expone contrataciones millonarias en alimentos, como los RD$504 millones adjudicados a los Comedores Económicos; el Plan Social de la Presidencia con RD$449 millones y el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) con RD$85 millones.
Las preguntas sobre la urgencia de estas contrataciones, sumadas al retraso en la entrega de alimentos, plantean dudas sobre la gestión de la «emergencia».
Además, el reportaje realizado por el referido programa de televisión destaca contrataciones para trabajos en cañadas por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), con un monto cercano a 1,100 millones de pesos.
Sorprendentemente, es el caso de la cañada Los Militares en Pantoja. Los trabajos van muy lentos y aunque se ha avanzado en una parte de la zona, donde se sufrieron más los efectos por las lluvias, todavía no ha llegado la intervención.
La falta de claridad en la distribución y la adquisición de insumos como guantes, jeringas y medicamentos abortivos por más de un millón de pesos, cuestiona la idoneidad y transparencia en estas compras realizada por el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).
Las inundaciones dejaron al Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo en pánico, con 9 personas fallecidas y daños materiales estimados en 1,000 millones de pesos.
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