La nueva ley de tránsito, denominada «ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana» adopta numerosos puntos sobre la seguridad del pasajero o del servicio de los mismos.

• El ministerio público le pide al juez la aplicación de una medida de «solución alternativa» más un «acuerdo». Estas son solicitudes extrañas al orden legal procesal penal y no están escrita en el código procesal penal. Al juez no se le pide aplicar solución alternativa, se le puede pedir que conozca de una solicitud de suspensión condicional del procedimiento, penal abreviado y la aprobación del criterio de oportunidad respeto de uno de los imputados previo a una declaratoria de caso complejo basado en el artículo 370 del cpp. A los jueces se le pide algo concreto.

Casi todos los Estados promueven la inversión extranjera como fuente de generar riquezas y buenos empleos. Del mismo modo, casi todos Estado tienen reglas migratorias que permiten que cualquier extranjero que llegue de manera regular o de forma irregular pueda organizar sus papeles o arreglar sus documentos migratorios en dicho país sin tener que salir del mismo. En la República Dominicana no es posible que un extranjero que quiera cambiar de condición migratoria o un extranjero que entro ilegal pueda hacer dichos papeles. 

El código penal contempla la figura de la legítima defensa en el artículo 328. Esta se define según Wikipedia «La legítima defensa es, en Derecho penal, una causa que justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor, y que en caso de cumplirse todos sus requisitos, permite reducir la pena aplicable a este último. En otras palabras, es una situación que permite eximir, o eventualmente reducir, la sanción ante la realización de una conducta generalmente prohibida.En otros términos, la defensa propia es el contraataque o repulsa de una agresión actual, inminente e inmediata con el fin de proteger bienes jurídicos propios o ajenos.»

El acuerdo en materia penal

El acuerdo penal está contemplado en el código procesal penal en el artículo 2 y en la Constitución política en su artículo 169. El acuerdo penal es una figura del derecho procesal penal que permite arribar a un acuerdo entre el imputado y la victima el cual tiene por objeto la reparación del daño producido a la víctima, aunque un acuerdo penal no necesariamente tiene que ser pecuniario.

Conforme a la ley número 340-06 sobre compra y contrataciones públicas y su reglamento número 543-12, todas las instituciones estatales deberán gestionar cualquier compra de bienes y servicios aplicando esta normativa legal. Partiendo de esta base, como regla general, ninguna institución del Estado puede comprar un bien o servicio sino es a través de los procedimientos establecidos en dicha normativa.

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