La transparencia gubernamental: se quema en un lado y la premian en otro

La transparencia gubernamental: se quema en un lado y la premian en otro

/ Opiniones / Jueves, 04 Mayo 2017 16:18

En tiempos en que la imagen gubernamental ha sido afectada por las testimonios de los ejecutivos de la compañía brasileña Odebrecht quienes afirmaron haber pagado a funcionarios locales noventa y dos millones de dólares entre 2001-2014, por concepto de soborno; el gobierno del presidente de Danilo Medina se defiende alegando que ha sido el más transparente de la historia. Algo que rechazan los manifestantes del movimiento verde.

Estas contradicciones se han vuelto a manifestar esta semana, pues el gobierno ha anunciado con bombos y platillos un premio que le habría sido otorgado en el  primer Congreso Mundial de las Islas Inteligentes “Smart Island World Congress”, como mejor innovación cultural, pero que ha sido publicitado como un premio por transparencia y apertura del gobierno. Y además, el oficialismo ha aprovechado el referido galardón para ponderar ciertos avances en la implementación de las normativas NORTIC A3, sobre publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano; y la NORTIC A2, sobre los Portales y la Transparencia en el Estado.

Sin embargo, esta misma semana, y en oposición a lo establecido por el gobierno, la organización internacional sin fines de lucro Open Knowledge International publicó su Índice Mundial de Datos Abiertos (GODI) 2016, por sus siglas en inglés, en el que la República Dominicana obtuvo un anémico 27 %, subiendo solo un 1 % en comparación al índice de 2015, y quedó en el puesto 59 del listado, por debajo de países que ni siquiera forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) como Kosovo, Bolivia y Filipinas.

Según el índice, el país carece de datos en formato abierto, o sea, datos a los que cualquiera puede acceder, usar, modificar y compartir, sobre calidad del agua, propiedad inmobiliaria, calidad del aire, gastos gubernamentales y límites administrativos; tiene medianamente abiertos datos sobre legislación nacional, proyectos de ley y rendición de cuentas; y completamente abiertos datos sobre estadísticas nacionales, resultados electorales y presupuesto público.  

Esto plantea una gran paradoja, mientras el gobierno pondera sus avances en materia de transparencia y recibe premios por un lado, por el otro obtiene malas notas en índices de transparencia gubernamental y recibe ataques por ello.

De ahí la necesidad de que el gobierno asuma el tema de la transparencia con la responsabilidad que esto requiere y termine por brindar un apoyo real a las instituciones que tienen que ver con la promoción, seguimiento e implementación de estas iniciativas en el país.

Yo que he tenido la oportunidad de ser testigo de los esfuerzos de la  Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), órgano responsable del cumplimiento de la ley de acceso a la información, la transparencia, la ética y el gobierno abierto, he podido constatar que los funcionarios de esta institución tienen buenas intenciones y deseos de cumplir con sus obligaciones, pero la falta de recursos humanos y económicos desborda su capacidad. 

Combatir una cultura de obscuridad, autoritarismo y corrupción requiere de mucho trabajo, voluntad política y recursos económicos. Sin embargo, el gobierno dominicano se ha limitado a ofrecer apoyo moral, resaltando en su discurso la importancia de la transparencia gubernamental, mientras en la práctica le otorga a la DIGEIG un presupuesto menor al que manejan instituciones que solo sirven para pagar favores políticos y que ni siquiera cumplen con las iniciativas que promueve dicha institución, tales como el Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa), el Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (ProComunidad) y la Oficina de Desarrollo de la Comunidad (ODC), por solo mencionar tres.

Y súmele usted la desmoralización que debe constituir para un funcionario encargado de la promoción del manejo ético en el gobierno y la persecución de la corrupción, ver como el presidente mantiene en sus cargos a funcionarios que no cumplen con el mandato de la ley de declaración jurada de patrimonio o que violan la ley de compras, para beneficiar allegados. 

 

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