El error de RD negociar con Haití desconociendo acuerdo de Washington

El error de RD negociar con Haití desconociendo acuerdo de Washington

/ Nacionales / Viernes, 19 Mayo 2017 17:44

La organización de viajes ilegales al través de las frontera marítimas y terrestre, y la desnacionalización de los mercados laborales son expresiones de la aguda debilidad del Estado dominicano, y su regulación resulta crucial para superar adecuadamente el desafío del impacto de la crisis de la desintegración y el colapso de Haití.

Acuerdo Washington

Desde la Cancillería se desarrolló una labor de negociación con Haití, que al cabo de tres años se concretó en protocolos para la repatriación de haitianos, que tal y como habíamosadvertido resultaron en nada.

En efecto, fueron tres años de parálisis o limbo en la discusión o análisis de la nueva legislación llamada a sustituir la Ley 95 de Migración de 1939, y las medidas de control migratorio se redujeron al mínimo.

A la postre, cuando las partes se pusieron de acuerdo en los protocolos de repatriaciones, sintieron que habían dado un gran paso y lo celebraron.

En cambio yo, tenía una apreciación distinta: al embajador Wenceslao Guerrero, con quien tenía una buena amistad, le dije que no debíamos celebrar como un logro que las autoridades haitianas reconocieran el derecho de República Dominicana a repatriar, y que constituía un craso error y una pérdida de tiempo esa negociación.

Era un serio error negociar con Haití al margen del acuerdo de Washington de 1938 y el modus operandi de 1939, que eran los dos instrumentos internacionales vigentes en las relaciones domínico-haitianas, ratificados por los congresos de ambos países.

Además, fueron auspiciados por los presidentes Theodore Roosevelt de Estados Unidos, Lázaro Cárdenas, de México y Federico Laredo Bru, de Cuba, para zanjar el conflicto provocado por la matanza ordenada por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, en 1937. Ese patrocinio lo cubría de cualquier objeción.

Pero mi mayor cuestionamiento era concerniente a la utilidad de esa negociación: creía que los diplomáticos dominicanos le atribuían excesiva importancia a unos documentos que los haitianos no respetarían, y lo que es peor aún, por su condición de Estado fallido, Haití no estaba en condiciones de cumplir.

“Mientras ustedes discuten por meses los términos en los que vamos a repatriar, los hechos, que son los que cuentan, nos demuestran que la migración no para: decenas de miles han entrado en estos meses”, le decía, mientras él me aclaraba que sólo cumplía con su deber y que la política la trazaba el ejecutivo.

Apartheid del Caribe

Los hechos, lamentablemente, pronto nos dieron la razón: los protocolos no fueron enviados al Congreso, lo cual era obligatorio. Pero en el caso de Haití fue peor, porque tiempo después de la firma ni siquiera había un Parlamento a donde enviarlo.

Tampoco sirvió de mucho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando República Dominicana fue acusada en 1999 de ser el apartheid del Caribe. Los EEUU estaban detrás de esa ofensiva cínica. En esa audiencia se solicitó que se prohibiera al país, en virtud de una “actiopopularis”, repatriar a cualquier haitiano, independientemente de su estatus migratorio.

Se alegó que República Dominicana carecía de capacidad para ejercer medidas migratorias respetando los derechos humanos.

Fuimos testigos de ese trato abusivo e infamante en la primera audiencia del primer caso, ya que presidimos una comisión de diputados que acompañó a la representación oficial que defendería a la República.

El voto haitiano

Después de febrero del 2000 el gobierno del presidente Leonel Fernández decidió “desengavetar” el proyecto de ley de migración y enviarlo al Congreso. Pero estábamos inmersos en la campaña electoral y era muy difícil que se conociera: los partidos políticos dominicanos, en general, o buscan el favor del “voto haitiano”, o le temen y rehuyen abordar el tema.

Cuando me refiero a “voto haitiano” me refiero a un porcentaje indeterminado de electores, en especial en provincias cañeras, en la que los propios partidos y sus caciques locales documentaron ilegalmente a varios cientos de miles de haitianos como dominicanos, algo que provocó un grave daño al registro civil.

La primera organización que lo hizo fue el Partido Reformista en la década de los años 70; y luego los perredeístas, que por múltiples factores y circunstancias asociados a su carácter populista y su configuración social, estaban en mejores condiciones de capitalizarlo.

Sin embargo, como los partidos cuando se convierten en meras maquinarias electorales priorizan el triunfo por encima de cualquier cosa, y en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no podían quedarse al margen de “esa cantera de votos”.

Y eso también ha influido en muchas otras organizaciones, no sólo partidarias sino sociales, que han visto en esa fuerza oculta un factor a tomar muy en cuenta para sacar ventajas de todo tipo.

Solange Pierre, mejor conocida como Sonia, quien fue lideresa de los haitianos en el país, advirtió en el 2003 que su comunidad, a la que identificaba como “dominico-haitianos”, estaba cansada de apoyar partidos que después en el gobierno incumplían la promesa de resolver “el problema de cientos de miles de indocumentados”.

Esa constituye una de las causas poderosas por la que ha sido tan difícil unificar esfuerzos para una política de Estado.

UN APUNTE

Los tratados

Los hechos de violencia contra los haitianos ocurridos entre el 28 de septiembre de 1937 y febrero de 1938, que dejaron un saldo de entre 12 mil y 25 mil haitianos muertos por dominicanos, fue lo que motivó la firma del acuerdo de Washington, el 31 de enero de 1938, y la Ley 199 del 20 de diciembre de 1939 sobre el modus operandi de la política migratoria para ambos países.

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