Los jueces

Los jueces

/ Editorial Invitado / Miércoles, 11 Octubre 2017 16:12

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) ejerce el control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, por lo que tiene atribuciones de suspender o sancionar a magistrados que transgredan la ley.

Aunque esa facultad de sanción y control está consagrada en el artículo 156 de la Constitución de la República, su aplicación debe cumplir con otros preceptos constitucionales como el debido proceso, juicio justo, presunción de inocencia, entre otros derechos del imputado.

Un juez no puede ser suspendido por vía administrativa, sin que previamente se le notifique el curso de una investigación penal o disciplinaria en su contra y que se le permita conformar su medio de defensa.

Más de 800 jueces de diferentes jurisdicciones se manifestaron ayer en sus respectivas sedes contra las suspensiones de varios magistrados, sin que el CPJ cumpliera con requisitos estatuidos en la Carta Magna y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

No se niega que contra algunos jueces suspendidos o separados el órgano de control judicial presentó suficientes indicios que comprometen su responsabilidad en la comisión de infracciones penales o administrativas, pero es claro que el Consejo del Poder Judicial debe actuar apegado a la Constitución y a sus propios estatutos.

La independencia de los jueces, en cuanto a sus decisiones, está consagrada en el Texto Sustantivo, las cuales sólo pueden ser atacadas por vía de los recursos, sin que ninguna autoridad jerárquica pretenda imponerles criterios predeterminados o ejercer sanciones por razones relacionadas con el contenido de una sentencia o de una medida procesal.

A los jueces también les asiste derecho a ser investigados, procesados o juzgados con arreglo estricto de la ley, basado en la notificación en tiempo hábil de la imputación, de un juicio libre, oral, público y contradictorio y de la absoluta garantía del derecho a la defensa.

Los jueces no deben ser lapidados a través de la prensa ni del público o la imputación malsana. La venalidad, prevaricación, cohecho o cualquier otra afrenta a la ley en que incurra un magistrado debe ser abordada por el Consejo Nacional de la Magistratura con absoluto apego al derecho y a las normativas procesales.

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