Burdo y rastrero

04 Mayo 2017

Incluir a República Dominicana entre los países donde las violaciones a los derechos humanos requieren de una atención especial, constituye una infamia y una afrenta que el Gobierno y la sociedad rechazan a todo pulmón.

En su informe correspondiente a 2016, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha tenido la desfachatez de alertar sobre “la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales”.

Se trata de una injusta, añeja y falaz acusación de un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), convertido en la punta de lanza de todo cuanto se urde a nivel internacional contra la soberanía nacional y el buen nombre del gentilicio dominicano.

Con esta ofensiva difamatoria y afrentosa, la CIDH ha alcanzado un nivel altamente peligroso, que desnuda su imperdonable intención de crear las condiciones necesarias para que el país sea objeto de sanciones y escarnios de la comunidad internacional, en base a una acusación rastrera o vulgar.

Los indigentes morales que redactaron ese ominoso informe insisten en acusar a Santo Domingo de ejercer discriminación racial contra ciudadanos de ascendencia haitiana, cuestión que ha desmentido el embajador de Haití, Idalbert Pierre, al señalar que el exceso de un policía no necesariamente responde a una política nacional.

La clara intención de la CIDH de perseguir y dañar a República Dominicana se demuestra también porque en ese mentiroso escrito no se incluye que 244,366 haitianos se inscribieron en el Programa de Regularización Migratoria, de los cuales 229 mil 934 poseen ya su carné de residencia legal o naturalización.

Tampoco se señala que ese Plan de Regularización ha sido acogido como un modelo por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la Confederación Regional de Migración (CRM).

Todos los sectores de la sociedad, sin distingo de banderías políticas, están compelidos a rechazar el burdo informe de la CIDH, en el que de nuevo se procura colocar a República Dominicana como una nación donde predomina el apartheid, con el propósito de debilitar su soberanía y desempolvar el viejo esquema imperial de la isla única e indivisible.

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